La cultura política, como todo marco ideológico de la sociedad tiene una carga de valores que forman un simbolismo arraigado en el modo de vida latinoamericano, el cual modela las relaciones entre las instituciones del Estado y el ciudadano y sus organizaciones sociales. En América Latina, tenemos una forma de relacionar sociedad civil y sociedad política a través de organizaciones mixtas, ejemplo de ella son instituciones educativas, culturales, de entretenimiento y recreación, de salud, partidos políticos y movimientos labores son subvencionados por el Estado; los actores fundamentales de los partidos políticos son ministros, gobernadores, presidentes de empresas públicas, hasta el mismísimo primer mandatario en ocasiones trascendentales es el presidente del buró político del partido.
De allí que la relación ciudadano y la cultura política tiene una dimensión importante en las estructuras políticas que soportan la relación mixta entre organizaciones del Estado y del resto de la sociedad, porque en ellas está la resolución de los problemas que determinan la estabilidad del sistema político y los cambios que la carga valorativa de la democracia se imponga en la sociedad. En el caso de Venezuela, han surgido auspiciadas por el Estado, instituciones paralelas aun a los que contempla la Constitución Nacional. Se podrían citar como ejemplos los sistemas de de salud, de educación, laboral y hasta de la misma estructura del ejecutivo. Sustentadas en un partido que a la más vieja usanza de la democracia representativa está conformado en sus cuadros directivos por el Presidente de la Republica como presidente del PSUV. El partido soporta al funcionario público y el funcionario público actúa desde las instituciones del Estado como operador político del partido.
Encontramos entonces una sociedad que inspira a sus instituciones a mantener una cierta independencia del Estado, frente a un Estado que se empeña en aminorar la actuación libre, democrática de la sociedad a través de operadores del Estado no solo en funciones de cuadros del partido, sino en su vocero en las organizaciones sociales. La cultura política de la democracia se inscribe en una sociedad abierta a la participación social, al intercambio de opiniones bajo principios de dignidad y respeto por la opinión adversa, a la articulación de satisfacción de demandas sin discriminación o menosprecio de una comunidad sobre otra; en fin, a la valoración integral e integradora de la asociación y la participación solidaria, justa y equitativa bajo normas de convivencia cívica y constitucional.
La convivencia cívica está sustentada en ciudadanos conscientes de su rol e iguales ante la ley. Ciudadanos conscientes de su rol protagónico de su actuación en la comunidad a partir de instituciones claramente diferenciadas de las instituciones del Estado. Un ciudadano socialmente solidario, libre y participativo. No un apéndice de los aparatos del Estado que lo somete y doblega al salario o la obediencia a la jerarquía de mando o la función de operador del partido de turno en el gobierno.
Un ciudadano consciente de su rol protagónico en el diseño de la sociedad que desea construir con decisiones libres, creadas a partir de la voluntad de comunidades organizadas bajo la sustentación del Estado como instancia Autónoma, Administrativa y Constitucional.
Ciudadanos que constitucionalmente son iguales ante la Ley en cuanto a deberes y derechos. La ley no está en lo cerca o lejos que estén las opiniones del ciudadano del gobierno de turno. Ya están los mecanismos constitucionales de control social para aminorar la actividad de individualidades o grupos que atenten contra el ordenamiento Democrático Estado. Pero una cosa es quien atente contra el Estado y otra es la opinión, que grupos de opinión puedan tener adversa a políticas del Estado o que se asuman desde el gobierno de turno. Estas apreciaciones se suman a la idea expresa de que el ciudadano es protagonista de los acontecimientos que se suceden en su comunidad.
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