En la teoría del Estado y la gobernabilidad, tres son las corrientes fundamentales que proponen respuestas a la crisis de gobernabilidad. La primera, se orienta a explicar la crisis de gobernabilidad en la escasa o nula capacidad del gobierno para aminorar la sobrecarga de exigencias. Esto debido a la elevada expectativas que las comunidades se hacen respectos a las competencias y funciones del Estado.
El Estado amplían sus funciones cuando abarca o tiene presencia en todos los campos de la economía y los servicios, lo cual genera la sensación de un Súper Estado, que produce, comercializa y presta servicio en áreas básicas de la producción de bienes y servicios; pero así mismo, es el responsable de la salud, la educación, la cultura, las comunicaciones, turismo, entretenimiento y hasta del sistema de apuestas y juegos de invite y azar nacional.
Esta condición tiene un efecto pernicioso en el ciudadano, que se expresa en expectativas sociales crecientes en número y diversidad.
En ese contexto, la sobrecarga de exigencias en número y diversidad y, la escasa o nula capacidad del sistema político de satisfacerlas, por un lado erosionan la credibilidad en las prácticas y los operadores o funcionarios del Estado y, por otro lado, mengua la eficacia del gobierno para cumplir las promesas y objetivos de gobierno.
Estos dos aspectos son fundamentales a considerar, puesto, ante el cumulo de asuntos sobre los que el Estado en América Latina opera, hacen que la práctica política oficial se vea rebasada por creciente número y lo diversificado de las expectativas del ciudadano.
Esta dualidad responde, un primer aspecto, dado por el carácter dependiente del Estado Latinoamericano del capital internacional. Estados momo productores con limitadas posibilidades de competir en capacidad innovadora y productora de riquezas con el capital internacional, que doblega a sus gobiernos a seguir consumiendo las directrices de los organismos internacionales.
El segundo aspectos está en el agotado discurso de la derecha y la izquierda latinoamericano, que vuelcan su esperanzador ofrecimiento de bienestar a mesías providencial, aun en estos tiempos, presente en el escenario político de estas latitudes.
La fuerza con la que se desarrollan las prácticas políticas, tanto de funcionarios públicos como de los actores sociales que hacen participación en las comunidades se ha intensificado, llevando a una disgregación de intereses y a una declinación y fragmentación de los partidos políticos. Lo cierto es que, las exigencias del mercado y de la llamada sociedad civil sobre el sistema político con frecuencia constituyen demandas opuestas que elevan la tensión y el conflicto social.
Por otra parte, el hincapié que hacen los estados por aupar practicas vinculadas acciones comunicacionales y de participación comunitaria hacia áreas comprometidas con problemáticas como el combate a la pobreza, el alivio de los rezagos sociales y la extensión del bienestar, deben ser consideradas al momento de efectuar un análisis global de los problemas de la gobernabilidad democrática.
De allí que se deberá ponderar, el número creciente de individuos y grupos que tienden a participar y a dirigir sus demandas sobre el sistema político, y por otro lado orientar la práctica política del Estado, atenuar el impacto de las demandas en la comunidad.
El Estado amplían sus funciones cuando abarca o tiene presencia en todos los campos de la economía y los servicios, lo cual genera la sensación de un Súper Estado, que produce, comercializa y presta servicio en áreas básicas de la producción de bienes y servicios; pero así mismo, es el responsable de la salud, la educación, la cultura, las comunicaciones, turismo, entretenimiento y hasta del sistema de apuestas y juegos de invite y azar nacional.
Esta condición tiene un efecto pernicioso en el ciudadano, que se expresa en expectativas sociales crecientes en número y diversidad.
En ese contexto, la sobrecarga de exigencias en número y diversidad y, la escasa o nula capacidad del sistema político de satisfacerlas, por un lado erosionan la credibilidad en las prácticas y los operadores o funcionarios del Estado y, por otro lado, mengua la eficacia del gobierno para cumplir las promesas y objetivos de gobierno.
Estos dos aspectos son fundamentales a considerar, puesto, ante el cumulo de asuntos sobre los que el Estado en América Latina opera, hacen que la práctica política oficial se vea rebasada por creciente número y lo diversificado de las expectativas del ciudadano.
Esta dualidad responde, un primer aspecto, dado por el carácter dependiente del Estado Latinoamericano del capital internacional. Estados momo productores con limitadas posibilidades de competir en capacidad innovadora y productora de riquezas con el capital internacional, que doblega a sus gobiernos a seguir consumiendo las directrices de los organismos internacionales.
El segundo aspectos está en el agotado discurso de la derecha y la izquierda latinoamericano, que vuelcan su esperanzador ofrecimiento de bienestar a mesías providencial, aun en estos tiempos, presente en el escenario político de estas latitudes.
La fuerza con la que se desarrollan las prácticas políticas, tanto de funcionarios públicos como de los actores sociales que hacen participación en las comunidades se ha intensificado, llevando a una disgregación de intereses y a una declinación y fragmentación de los partidos políticos. Lo cierto es que, las exigencias del mercado y de la llamada sociedad civil sobre el sistema político con frecuencia constituyen demandas opuestas que elevan la tensión y el conflicto social.
Por otra parte, el hincapié que hacen los estados por aupar practicas vinculadas acciones comunicacionales y de participación comunitaria hacia áreas comprometidas con problemáticas como el combate a la pobreza, el alivio de los rezagos sociales y la extensión del bienestar, deben ser consideradas al momento de efectuar un análisis global de los problemas de la gobernabilidad democrática.
De allí que se deberá ponderar, el número creciente de individuos y grupos que tienden a participar y a dirigir sus demandas sobre el sistema político, y por otro lado orientar la práctica política del Estado, atenuar el impacto de las demandas en la comunidad.
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